LA RESPUESTA DE LA SOCIEDAD CIVIL AL DETERIORO DEMOCRATICO


LA CONQUISTA DE LA LIBERTAD
En el año 1977, hace ya 28 años, los españoles conquistamos la Democracia merced a la fuerte movilización social impulsada por algunos partidos políticos y sindicatos y expresada a través de numerosas organizaciones ciudadanas: profesionales, vecinales, culturales, estudiantiles, obreras,…. La sociedad civil española, a la muerte del dictador, tuvo la suficiente madurez como para impedir continuar con el anacronismo político que significa la permanencia de la dictadura en un estado europeo.
La transición española se realizó de manera ejemplar con el impulso de esa misma sociedad civil, que fue madurando a lo largo de los años 70; consciente de que lo que estaba por ganar (la Libertad y la Democracia) exigía la renuncia a planteamientos particulares, ese movimiento ciudadano promovió el entendimiento de todos los demócratas, independientemente de su ideología e, incluso, de sus orígenes y sólo planteando la exigencia del respeto a las normas que entre todos nos diésemos a partir de ese momento.
A lo largo de la historia de la humanidad, la SOCIEDAD CIVIL siempre ha representado valores democráticos y ciudadanos, reivindicando el ejercicio de los derechos individuales cuando el Estado ha tratado de limitarlos. Esa ejemplaridad del proceso de transición a la Democracia en España ha sido motivo de felicitación para la SOCIEDAD CIVIL al haber alcanzado su objetivo central, conseguir la Libertad y la Democracia, sin los problemas que desde algunos sectores se auguraban para el final de la Dictadura.
Pero aquí no puede terminarse su papel. La SOCIEDAD CIVIL también debe y puede seguir contribuyendo a ampliar y mejorar la calidad y la amplitud de los derechos democráticos a ejercer por el conjunto de la ciudadanía, porque la capacidad para ejercerlos es un excelente indicador de la salud de un sistema democrático.

LA CALIDAD DE NUESTRO SISTEMA DEMOCRÁTICO.
Durante estos años, los ciudadanos que votamos con entusiasmo el refrendo de la Constitución y las primeras elecciones democráticas, hemos continuado votando, pero cada vez con más dudas y con menos ilusión, incluso a veces tapándonos la nariz, para alcanzar en los últimos años una situación en la que cada vez más demócratas no votan o votan en blanco.
Los análisis que en sectores interesados se hacen de la abstención (apatía del electorado, falta de claridad sobre las opciones, etc) no soportan un análisis sociológico riguroso y para su correcta interpretación se exige un planteamiento político ( ): no son únicamente los ciudadanos marginales, es decir, los que no tienen interés en la vida pública, los que se abstienen. Son cada vez más los ciudadanos comprometidos, y políticamente activos, que en España no votan.
Los gobiernos que se han ido sucediendo han manifestado una supuesta preocupación por la abstención, pero no parecen desear conocer (al menos no realizan estudios amplios y solventes sobre este tema) las causas que la motivan.
Igual sucede con el voto en blanco, al cual, además, se da un tratamiento electoral que escamotea radicalmente su sentido de voto que desconfía de todas y cada una de las candidaturas que se presentan (incluso las ganadoras) puesto que, al eliminarse a la hora de hacerse el cómputo y distribuir los escaños, se le está dando el mismo sentido que la abstención o el voto nulo.

¿QUÉ ES LO QUE HA SUCEDIDO PARA QUE UN NUMERO CADA VEZ MAYOR DE CIUDADANOS EXPRESEN DE UNA FORMA U OTRA SU DISTANCIAMIENTO DEL SISTEMA POLITICO?

En nuestra opinión, uno de los factores clave que ha contribuido a ese distanciamiento de los ciudadanos de la vida pública ha sido percibir que FALLA EL PRINCIPIO BÁSICO DE UNA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA: LA REPRESENTATIVIDAD. Los ciudadanos perciben que los representantes electos de su circunscripción (diputados al Congreso, diputados autonómicos, senadores…) no les representan realmente.

Varias son las razones para llegar a esa conclusión: no sabemos cómo se llaman nuestros representantes electos, sean del partido que sean, ni sabemos de sus actuaciones concretas, ni conocemos cual es su trabajo en los órganos representativos... leemos sus nombres en la papeleta electoral pero nunca más sabemos de ellos... Nuestros representantes no tienen una oficina electoral en donde atender a los ciudadanos de su circunscripción; no sabemos que posición han adoptado en cada votación de sus instituciones, aunque podemos imaginarlo, pues siempre votan lo que les manda el partido ¿Pero no son representantes nuestros? No nos lo parece.

En otras democracias, los representantes electos dan cuenta periódica y permanentemente de su gestión a los electores de su circunscripción, a través de su oficina electoral, de páginas WEB, de actos públicos... aquí, ninguna de estas tres cosas ni ninguna otra.


NUESTRO SISTEMA ELECTORAL ES UNA EXCEPCION EN LOS PAISES DEMOCRATICOS DE NUESTRO ENTORNO .

¿Cómo se ha llegado a ésta situación? La Constitución Española definió la provincia como circunscripción para las elecciones tanto al Congreso de los Diputados como para el Senado, pero las normas en relación con la transformación del voto ciudadano en representantes políticos se habían creado como provisionales para las elecciones de 1977, siendo posteriormente prorrogadas para las siguientes, hasta que, en 1995, la Ley Orgánica Electoral las asume en su integridad en cuanto a sus cuestiones sustanciales: elección entre listas cerradas y bloqueadas y reparto de escaños por la Ley D’Hont, el menos proporcional de todos los sistemas de distribución posibles; todo esto, en lo que hace referencia al Congreso de los Diputados, la cámara con poder real de cara a la elección del Gobierno, ya que para el Senado rige otro sistema, cercano al mayoritario, aunque también con circunscripción provincial.

La lista cerrada y bloqueada significa que el elector no puede elegir quiénes forman parte de ella ni el orden en que se colocarán en la misma ni los candidatos que recibirán el acta de representante en función del número de votos que haya recibido su lista; son los partidos los que deciden todos esos pasos y, en consecuencia, los nombres de los representantes. El sistema de distribución de escaños de D’Hont concentra en unos pocos partidos la representación, especialmente si (como es nuestro caso) las circunscripciones tienen pocos representantes ¿Porque se eligió ese sistema? Porque era el que más poder confería a los partidos políticos, lo cual pudo ser conveniente en un momento de gran debilidad de estas organizaciones, al término de la dictadura. Pero ¿debe ser siempre así?

Aunque a los ciudadanos españoles acostumbrados a estas normas nos pueda parecer sorprendente, las listas cerradas y bloqueadas no son lo habitual en los sistemas democráticos. Solo las tienen Portugal e Israel. La mayoría de los países de nuestro entorno tienen un sistema en el que hay bien circunscripción electoral unipersonal (Canadá, USA, Francia, Nueva Zelanda, Reino Unido), en donde el elector elige a una persona como su representante en la institución de que se trate, o bien listas abiertas (Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Suecia y Suiza), donde los ciudadanos tienen la capacidad de elección entre políticos diferentes dentro del mismo partido. En ambos casos, el sistema de elección propicia que haya una relación más cercana entre los representantes y sus electores.

En esos sistemas, los diputados mantienen oficinas electorales e informan a los ciudadanos de su circunscripción de sus actividades y de su voto en todos los temas relevantes, porque su próxima elección depende de ellos, mientras que, en el sistema de listas cerradas y bloqueadas, la dependencia es del partido que le coloca y, por lo general, de la superestructura del máximo nivel.

El sistema elegido en España debió de resultar útil a las direcciones de los partidos porque en ningún momento han planteado cambiar sus elementos sustanciales e incluso los han impuesto en los parlamentos autonómicos. Y es que el sistema les otorga una prerrogativa que debería, al tratarse de representantes de los ciudadanos, estar reconocida para éstos. En la práctica, ello supone un poder que se traduce en numerosas deficiencias de funcionamiento y en el alejamiento de los representantes de sus representados, ya que no hay ninguna consecuencia para los primeros de hacer más cercana y más real esa representación y sí muy importante de las buenas relaciones con los “aparatos” del poder partidario, ya que salir elegido o no depende de estar en la lista y de estar colocado en buena posición, según las expectativas de voto de cada partido.

En la práctica, la condición necesaria para ser elegido representante es no causar problemas internos, que nunca se ponga en duda una decisión de voto del partido, ser “disciplinados”, etc; y todo ello a pesar de lo dispuesto en el artículo 67 de la Constitución: “los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por un mandato imperativo”.

¿A quien dan cuenta de su gestión? Desde luego no a los ciudadanos, no tienen oficinas electorales, no sabemos qué han votado en una cuestión que nos parece importante... Desde el mismo día de las elecciones no volvemos a saber nada de ellos hasta la próxima convocatoria electoral.

Si los ciudadanos no tienen ninguna intervención en la confección de las listas electorales (las “primarias” realizadas en algún caso esporádico se han esfumado) ni reciben explicaciones de sus actuaciones, es lógico que tampoco les perciban como sus representantes.

Por todo ello, de alguna forma se podría calificar a nuestro sistema de DEMOCRACIA OLIGÁRQUICA.

CONSECUENCIAS DEL SISTEMA ACTUAL

Esta deficiencia del sistema electoral ha producido un reforzamiento del poder de los “aparatos” centrales de los partidos que tiene más consecuencias en el sistema democrático.

1) La gran cantidad de cargos de representación que se atribuyen a partir de las composiciones parlamentarias (incluso de las corporaciones locales) no hace sino reforzar ese poder de los “aparatos”, cuya prioridad, al mismo tiempo, no es la de elegir a los candidatos más aptos para ejercer la responsabilidad de que se trate sino de contentar a sus partidarios o simplemente proporcionarles sueldos públicos, por lo cual es muy común ver cómo muchos políticos sirven para los cargos más variopintos. O también como los órganos más elevados de la Democracia o instituciones en las que se exige “reconocido prestigio profesional” sean ocupados por personas que carecen de esa condición, que reproducen fielmente la composición parlamentaria, perdiendo su condición de órgano de arbitraje o de tribunal independiente que decide en función de la legislación existente y no de los intereses de los partidos que les han colocado en ellas.

2) Otra consecuencia perversa es que hoy hay confrontación entre los partidos políticos pero no hay debate. Parece que todos los diputados de un partido político piensan lo mismo, incluso en los cambios de legislatura y cuando se trata de temas nuevos (guerra de Irak, matrimonio homosexual...). Esa ficción es el origen del pensamiento único, de las opiniones dictadas en las que la discrepancia no es bien vista.

3) Una tercera consecuencia es que los temas que se debaten y se trasladan al gran público son los que interesa a los partidos mayoritarios, caso del debate del País Vasco, pero no necesariamente los que les interesa a los ciudadanos. Hay otros debates que seguramente son importantes para los ciudadanos y que no se producen nunca: la competitividad y sostenibilidad de nuestra economía, la concertación social y sus partidas presupuestarias, las políticas de subvenciones, las prioridades políticas, etc…

4) La conformación de la clase política como una clase de funcionarios de los partidos, en muchos casos con un escaso nivel de preparación para decidir sobre las cuestiones de la máxima trascendencia pública y para las que carecen de los mínimos conocimientos que se exigirían en la vida particular.

EN DEFINITIVA, QUE LOS PARTIDOS HAN EVOLUCIONADO HACIA SU CONVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE PODER que no tienen pretensiones de cambio social ni de avance democrático sino simplemente de mantenimiento de su status, características que pueden atribuirse igualmente a las personas que los dirigen, por lo que las rencillas internas las más de las veces ni tienen relación con posiciones ideológicas sino con el reparto de las parcelas de poder que cada organización ha conseguido ocupar.

También ha traído consecuencias negativas para la sociedad civil, que ve limitada su capacidad de intervenir más allá de la simple elección del número de representantes de los partidos, a la que se le impide un debate esclarecedor sobre cuestiones fundamentales y, sobre todo, a la que en parte se “secuestra” al subir al carro de la oficialización a algunas de sus instituciones básicas (cajas de ahorro, cámaras de comercio, organizaciones profesionales, empresariales y sindicales) bien por la vía de la ocupación por representantes políticos de sus puestos claves bien por la de la dependencia de las subvenciones públicas para su funcionamiento normal.

Ante esta situación, nos parece muy necesario un cambio importante para regenerar el sistema democrático.

La pregunta es: ¿Tiene el propio sistema la capacidad de cambio para regenerarse y ser más representativo?. Nuestra respuesta es que sólo desde la presión y de la iniciativa de la sociedad civil el cambio será posible. Los partidos políticos, por sí solos, no van a cambiar un sistema que favorece a quiénes los dirigen, que son quiénes pueden propiciar la puesta en marcha del proceso para modificar la situación.

Pensamos que, ahora que se está planteando la modificación de nuestras leyes fundamentales, Constitución y Estatuto de Autonomía, es el momento en que los ciudadanos debemos exigir que se lleva a cabo el cambio necesario para evitar esa falta de representatividad .

Es constatable, por otro lado, que este es un tema sobre el que hay una gran agitación en los sectores sociales más activos. El hecho que hace esta cuestión más clara es la existencia de innumerables iniciativas en la red de redes al respecto de cómo mejorar el sistema democrático del mundo occidentes. Hay iniciativas que reivindican una DEMOCRACIA DIRECTA, exigiendo que se pregunte a través de Internet a los ciudadanos las cuestiones clave: declaración de guerra, etc. Otras reivindican que el VOTO EN BLANCO esté “representado” en el Parlamento mediante escaños vacíos. Otros quieren que se cambie el sistema electoral hacia lo que se llama el VOTO PERSONAL TRANSFERIBLE. Es de notar que no hay ningún país en el mundo en el que se reivindique un cambio hacia nuestro sistema electoral de listas cerradas bloqueadas.

UNA PROPUESTA PARA EL CAMBIO :

Por todo ello, consideramos que es posible y necesario articular una propuesta sencilla en la queden recogidos los cambios sustantivos para lograr una regeneración del sistema democrático de España y Andalucía. Estas PROPUESTAS podrían ser:


1. CAMBIO DEL SISTEMA ELECTORAL. Consideramos que el VOTO PERSONAL TRANSFERIBLE como se realiza en Australia, Irlanda y Malta, es la mejor opción posible . También las LISTAS ABIERTAS ó la CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL UNIPERSONAL por comarcas son sistemas que permitirían acercar los representantes a los ciudadanos que les votan.

2. LIMITAR EL GASTO ELECTORAL, ya que las necesidades económicas para hacer la propaganda que no pueden sustituir por la información es uno de los factores de corrupción más importantes (España ocupa el puesto 34 en corrupción, según Transparency International).

3. QUE LOS MEDIOS PÚBLICOS DE COMUNICACIÓN SEAN DE VERDAD INDEPENDIENTES.

4. LA LIMITACIÓN A DOS O TRES DEL NÚMERO DE LEGISLATURAS EN LAS QUE SE PUEDE OCUPAR EL MISMO PUESTO ELEGIBLE.


Por todo ello, un grupo de ciudadanos hemos decidido constituir una PLATAFORMA DE OPINIÓN, AGITACIÓN Y ACCIÓN que quiere servir de catalizador para estos cambios en nuestro sistema democrático y han creado una página WEB losabajofirmantes.com para hacerlo posible y articular en nuestra ciudad esta corriente de opinión.

Sevilla Mayo de 2005.