ESPAÑA Y SU ESTRUCTURA TERRITORIAL Victorio Magariños

Victorio Magariños es Notario y Académico de la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia.

El Estado es un organismo jurídico que pretende el mayor equilibrio y paz social entre los habitantes de un territorio delimitado a causa de una serie de circunstancias y experiencias, que lo han fijado como unidad institucional óptima real. La determinación o fijación de esta unidad en España es secular, y la experiencia vivida en común por los españoles de todas sus regiones ha forjado una realidad jurídica que la actual Constitución española recoge de manera indubitada. Sin embargo, la especificidad de ciertas regiones, en cuanto a su lengua, sobre todo, y la pretensión de los políticos más representativos de dos de ellas de resucitar o crear ex novo instituciones propias, dio lugar al llamado Estado de las Autonomías. La Constitución, guiada por el afán de lograr la mayor conciliación, reconoce a las regiones un amplio margen de autogobierno, pero confusamente delimitado. Esta indefinición constitucional ha dado margen a continuas reclamaciones y provocado una tensión política, que ha marcado todo el desarrollo democrático posterior. Podía haberse hecho de otro modo, pero los condicionantes psicológicos de entonces, presididos por el afán de distanciarse del esquema autoritario y centralista anterior, y, también, por la urgencia de iniciar el proceso democrático con el máximo asentimiento, dieron lugar a un Estado descentralizado, pero insuficientemente definido; es decir, a un Estado en formación continua. Esta ambigüedad, que afecta a la seguridad, unida a la concesión constitucional de privilegios a alguna región, incompatibles con el principio de igualdad, que debería ser el eje vertebral del sistema democrático, ha condicionado, tiñéndolo de imperfección, el desarrollo político en España. Sobre todo por la distorsión institucional que se produjo en dos regiones, en una a causa del miedo derivado del terror, con el consiguiente deterioro de libertad, y en ambas por el regateo continuo de poderes y singularidades y el afán de distanciarse cada vez más de la estructura del Estado hasta llegar a la independencia. Lo que, junto al efecto mimético que se genera en los políticos de las demás regiones, ha originado un problema de equilibrio institucional y de convivencia, que entorpece y retrasa seriamente el avance democrático, y que tiene difícil solución. A esta deriva ha contribuido un deficiente sistema electoral, que permite competir en el Congreso de la Nación a partidos creados para defender intereses regionales, y que, de modo sistemático, trasladan al debate de la nación sus particularismos y reclamaciones singulares, tan singulares que los partidos de ámbito estatal no podrían defender, en cuanto contradicen, en muchos casos, al interés general, que es el norte que debe guiar la política de Estado. Esta dinámica, presidida por la avidez competencial, ha cuajado en el planteamiento de una reestructuración territorial del Estado por políticos de las regiones aludidas, Vascongadas y Cataluña, a través de sendos proyectos aprobados por sus respectivos Parlamentos. Sin embargo, en el momento actual no existía urgencia alguna para reiniciar un proceso tan complicado y de tan desconocidas y graves consecuencias. Los ciudadanos no sienten esa necesidad de más poder de cercanías. Por el contrario, en algunas regiones el excesivo poder autonómico provoca miedo y cierta sensación de asfixia y opresión, limitadores de libertad, a causa de la arbitrariedad que un poder cercano excesivo puede generar, con consecuencias dañinas muy concretas, como clientelismo, apartamiento político, discriminación por el origen, limitaciones por el uso del idioma, etc. Pese a ello, un sector de profesionales de la política, especialmente interesado en ampliar el campo de actuación propia, ha forzado el debate sobre la estructura del Estado, buscando medicación a una enfermedad imaginaria del pueblo, que pretenden gobernar sin límites extra regionales. Y han creado el problema, han provocado la enfermedad real, la de la desigualdad y la del enfrentamiento social, antes inexistente. En efecto, políticos de profesión, de modo extemporáneo, sin que exista una demanda cívica ni se vislumbre un perfeccionamiento democrático con su planteamiento, han iniciado un proceso que sí preocupa a los ciudadanos. La ausencia de reflexión, el autismo político que lo guía, la inseguridad que genera, la falta de análisis global que permita una visión de conjunto del Estado, producen inquietud. El afán adolescente y compulsivo de arrancar competencias al Estado, sin ver los efectos negativos no ya en el conjunto sino en la propia región para la que se pretenden, supone una deriva hacia lo desconocido, cambiando el norte del perfeccionamiento democrático y el avance social por la guía de la incontinencia de poder. No se puede olvidar que los Estados, en su contorno actual, constituyen el ámbito más perfeccionado de justicia. No quiero decir que sea inamovible ese contorno, pero sí que cualquier cambio que pretenda reducir su proyección territorial o incluso su integración en ámbitos de más alcance, ha de ser muy sopesado. Por ello, debería reconducirse el proceso bajo pautas y cautelas que eviten tensiones paralizantes, confrontaciones innecesarias, desequilibrios que afecten a la paz social. Es preciso, en primer lugar, analizar con rigor, no sólo desde la perspectiva de cada región, sino globalmente y desde todos los ámbitos, los efectos y consecuencias de la descentralización o delimitación que se pretenda, sobre todo, su incidencia en lo más preciado en una sociedad desarrollada que es la libertad y la igualdad. Contamos para ello con la experiencia de un cuarto de siglo de gobiernos autonómicos, que nos permite detectar, con cierta aproximación, las ventajas y perjuicios que se derivan para los ciudadanos de un exceso de poder de cercanía. Luego, habrá que delimitar los contornos jurídicos del Estado de modo claro. Los ciudadanos no pueden estar sometidos a un proceso continuo de cambio, a la inseguridad de no saber qué órganos, qué extensión de competencias tiene cada uno de éstos para regular sus derechos y deberes. Tampoco se puede vivir tranquilamente ante la confluencia de legislaciones múltiples que se interfieren entre sí y que afectan a la certeza que debe presidir cualquier labor legislativa. Para ello es necesaria una reforma constitucional, que habrá que afrontar en su día. Pero la prudencia política aconseja realizar primero los trabajos jurídicos, económicos y de psicología social que aborden el problema con serenidad, con tiempo, y con independencia de criterio, despolitizándolo, sobre la base imprescindible de alcanzar mayores cotas de igualdad (solidaridad), de libertad y de eficacia, previa comprobación del modo que afecta a estos principios la cesión de cada competencia en particular. Habrá que analizar en qué grado y manera incidirá un nuevo esquema estructural en aquellas claves para la convivencia antes referidas. Deberá tenerse en cuenta que la igualdad no puede quedar afectada por un diferente trato fiscal y económico del territorio. No puede olvidarse que la justicia necesita para desarrollarse y generar el equilibrio y la paz que se deducen de ella un campo de actuación que abarque el mayor número de ciudadanos. La libertad podría quedar dañada si se intensifica la protección de la especificidad, al producir no ya discriminación y por tanto infracción de la igualdad, sino también limitación, freno e impedimento a la integración plena dentro del territorio del Estado, además del empobreciendo social del propio “país” que se pretende proteger. En cuanto a la eficacia, podría resultar neutralizada por la asfixia que el excesivo poder tan cercano produce en ocasiones sobre la sociedad, y por la arbitrariedad que origina la endogamia implícita en la concentración de poder dentro de círculos restringidos, siendo, como es, tan bajo el nivel de representación política en nuestro sistema. Habrá que tener en cuenta también la incidencia negativa sobre la seguridad jurídica que una avalancha de normas distintas puede generar, al causar incertidumbre sobre los derechos y deberes que el ciudadano debe conocer. Cuando se haga este análisis y se sepa con claridad cual debe ser el contorno del Estado para conseguir el mayor equilibrio social, cuando los españoles tengan conciencia de los efectos y de los límites que debe tener el autogobierno regional, cuando se pueda presentar un esquema de la estructura territorial del Estado que suponga una ampliación de las libertades sin restricciones para nadie, que asegure el mayor grado de igualdad entre todos los ciudadanos de España y en el que la especificidad no sirva para discriminar y desunir sino para vitalizar y enriquecer. Cuando la sociedad sienta la justicia de un nuevo esquema organizativo, al margen de vehemencias y requerimientos políticos interesados, cuando se den todos estos presupuestos, que significan la madurez del proceso, es cuando los políticos, sin ataduras partidarias, con la mirada puesta en los intereses generales y la paz social, deberán acometer la reforma que perfeccione el actual sistema de la Constitución española.