(*)EN BUSCA DE LA DEMOCRACIA (I)
VICTORIO MAGARIÑOS
.
EL DEBILITAMIENTO DE LAS FORMAS DEMOCRÁTICAS
El Estado democrático de Derecho es uno de los mayores logros de la humanidad en el avance hacia la convivencia pacífica. Se puede decir, en síntesis, que consiste en el control jurídico del poder, a través de un conjunto institucional armónico y equilibrado que proporciona un grado aceptable de seguridad, de libertad y de justicia, y, consecuentemente, permite a cada ciudadano realizar su proyecto de vida confiada e ilusionadamente.
Esta construcción ideal se inicia con un diseño formal, jurídico, que se llama Constitución, en la que se regula la estructura del Estado y los principios que han de regir su funcionamiento. Pero este esquema es sólo el norte o guía de la actividad política, la cual deberá adecuarse en la práctica a los principios o directrices constitucionales.
El pueblo español, bien dirigido entonces, con lucidez política, aprobó en el año 1978 una Constitución, que es esquema avanzado y suficiente para alcanzar un Estado moderno. Pero, poco, a poco, la actividad política se ha ido apartando de aquel norte, y la sociedad no ha tenido la sensibilidad democrática o la cultura necesarias para corregir tales desvíos. Y hoy estamos no ya en un estancamiento sino en un serio y grave retroceso.
En efecto, se han producido desvíos constitucionales, ataques a instituciones neutras, mediatización y neutralización de los medios de control, utilización del poder en beneficio personal o de partido y otras muchas conductas abusivas. Por eso, es urgente que se denuncien, desde todos los medios, las desviaciones producidas, con la finalidad de crear una sensibilidad política que permita el encauzamiento del Estado. Veamos los siguientes aspectos de la actividad política en España.
Las ideologías políticas, utilizadas con el grado de tolerancia y de relatividad que exige todo lo social y humano, permiten, por un lado, impulsar y, por otro, depurar y equilibrar la acción política y la dirección de un Estado. Por eso, el artículo primero de la Constitución española propugna el pluralismo político como principio, básico para el funcionamiento democrático. En cambio, si se las concibe como una verdad absoluta y excluyente, resultarán incompatibles entre sí, impedirán el juego democrático, conduciendo al partido único y, de manera ineludible, a la dictadura. E, incluso aunque se acepte formalmente el esquema pluralista, si en la práctica un partido trata de imponer su ideología como dogma, excluyendo sistemáticamente al contrario y su propia relatividad, y se conduce como si fuera único, se producirán las siguientes desviaciones:
a) Eliminación del verdadero debate en los órganos representativos, con lo que se irán alejando las decisiones políticas de las verdaderas necesidades del país, y aparecerán la desilusión y la frustración, y también la corrupción, al desactivarse los medios de control. Por eso, otro mandato constitucional, el artículo 6, proclama que los partidos políticos concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. En España, el partido en el Gobierno, sobre la base de que el progreso y la modernidad constituyen monopolio de la izquierda socialista, y al amparo de mayorías absolutas repetidas, ha ignorado y despreciado sistemáticamente a la oposición, con las negativas consecuencias antes apuntadas.
Es preciso devolver al Parlamento su vitalidad, propiciando el respeto a la opinión de todos sus miembros, que deben ser oídos; sobre la base de que todas las aportaciones contribuirán finalmente al perfeccionamiento de las leyes. Cuantos más componentes del órgano se interesen y contribuyan a su elaboración y acepten su redacción final, mayor será la probabilidad de que recojan el sentir del pueblo y también su arraigo y éxito. En otro caso, cuando se pretenda imponer posiciones ideológicas ancladas en el prejuicio o en el dogma, se producirán leyes que, a pesar de su marchamo progresista, no dejarán de ser verdaderas antiguallas, como la Ley de Reforma Agraria Andaluza, que es ejemplo claro de regulación contraria al tiempo en que vivimos.
b) Distorsión en el equilibrio democrático, pues si la ideología se utiliza como criterio básico de selección a todos los niveles, no sólo los partidos, los órganos encargados del control habrán quedado mediatizados por el dogma o prejuicio común. Y se dará paso, además, partiendo de que la ideología constituye la verdad que debe imponerse y la señal que identifica a las personas capaces, a una Administración obediente, con un funcionamiento dócil basado en la finalidad y, finalmente, a la incompetencia y a la arbitrariedad.
c) La instrumentalización de la ideología conduce, también, a su propio deterioro o descrédito, cuando el ciudadano compruebe que, en lugar de ser motor y fuente de avances o mejoras en la convivencia, se convierten en referencia cínica que el partido utiliza para perpetuarse en el poder, con lo que termina degradándose el ideal y también el propio partido, que pierde así el norte, al confundirse aquel ideal con la interpretación oportunista que éste haga.
d) Por otra parte, y en esa línea, se va generalizando un sentimiento de dependencia, basado en la experiencia de que el que vota al partido, o simpatiza con él, o le da su apoyo público, o tiene el carné del mismo, se convierte en ciudadano privilegiado. Se produce así una distorsión en el principio de igualdad, naciendo una nueva clase de ciudadanos que gozan del favor político. Y se producirán abusos en relación con el empleo público, contratación administrativa, subsidios, pensiones, subvenciones y trato preferente a instituciones afines, información privilegiada, preferencias de otra índole; y también la proliferación a la sombra del poder de empresas parasitarias de la Administración, creadas ad hoc para atender demandas concretas y en favor de afiliados, amigos y simpatizantes. Graves consecuencias y también manifestaciones de corrupción.
Por, último, la creencia de que la simpatía o afinidad ideológica con el partido que detenta el poder es una protección, una garantía de buen trato a la hora de acogerse a su amparo, origina una atracción ilícita del voto (voto cautivo) y, por tanto, inercia degenerativa, grave perturbación en el funcionamiento democrático y consiguiente corrupción institucional. Todo ello va generando una serie de hábitos en las relaciones Administración-ciudadano que se parecen cada vez más a las antiguas formas de vasallaje o caciquismo (miedo y pleitesía al poder, trato prepotente y desconsiderado hacia el ciudadano, que deja de ser el centro receptor de los servicios del Estado, para convertirse en servidor del mismo). Se impone, pues, un nuevo estilo, que exige dos correcciones esenciales:
1) Potenciar y conseguir una mayor independencia de las Cortes frente al Ejecutivo, a través de:
a) Sistema de listas abiertas para la elección de diputados, que permitan a los ciudadanos la posibilidad de decidir sobre el valor y las cualidades de sus representantes políticos y la oportunidad de expresar sus preferencias al margen de la ideología o de la fuerza atractiva del líder. Si se quiere modernizar y democratizar seriamente el país, habrá que ofrecer a la sociedad esta opción, que forzará a los partidos a seleccionar a los mejores.
b) Mayor protagonismo de la oposición cuando se trate de corregir desvíos constitucionales, abusos de poder, o casos concretos de corrupción. Y muy concretamente regular las comisiones de investigación de tal modo que su actuación sea fiable y eficaz.
2) Mayor control social de la actividad política, a través de una auténtica liberalización de los medios de comunicación y el respeto a su independencia, y fortalecimiento de las instituciones sociales. De tal modo que cualquier abuso o desvío del camino democrático provoque la denuncia y repulsa generalizada.
Publicado en ABC 18 de abril 1994


EN BUSCA DE LA DEMOCRACIA (II)

LOS HABITOS DEMOCRATICOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS.

Los partidos políticos constituyen hoy el eje sobre el que funciona el sistema político democrático. Por lo tanto, su modo de conducirse será fundamental para las demás instituciones que integran el conjunto. Las deficiencias o incorrecciones de funcionamiento de los partidos repercutirán y contagiarán al resto institucional.
Veamos qué dirección han seguido en España los partidos políticos en su comportamiento interno y en relación con la sociedad y el resto de las instituciones:
A.- En el ámbito interno, existe una tendencia al liderazgo; que hace gravitar sobre una persona el peso y la orientación de los partidos. Las consecuencias de esta personalización excesiva son las siguientes:
1) En lugar de utilizarse la capacidad o competencia como medidas de selección y promoción, tendrían preferencia la fidelidad o adhesión, no ya a una ideología sino a una persona o grupo y a su particular interpretación ideológica.
2) Postergación de las personas con mayor independencia de criterio, que podrían resultar incómodas, privando así al partido de su aportación enriquecedora,
3) Abandono progresivo del contraste de opiniones y de la formación colegiada de las decisiones importantes, olvidando que cuantos más miembros participen en su elaboración mayor será la posibilidad de acierto. Como consecuencia de todo ello, se van apartando de la política muchas personas capaces y honestas, debilitándose la fuerza moral de los partidos. Y se atrae fatalmente a los puestos de responsabilidad a personas incompetentes e inadecuadas; lo que será causa de ineficacia y de corrupción.
Hay que corregir, pues, esta tendencia, potenciando la integración del mayor número de personas en el proyecto común, la formación colegiada de las decisiones más importantes, y la promoción de los valores de trabajo, honestidad y capacidad. Es preciso que los partidos políticos pierdan el miedo a la crítica y a la discrepancia, que son connaturales a la democracia y constituyen el resorte del equilibrio y del enriquecimiento de las decisiones colectivas.
Uno de los medios adecuados para conseguir más participación e interés en los asuntos públicos es el sistema de las listas abiertas, no sólo para la elección de los diputados, sino dentro de los propios partidos. Se trata de liberarlos de la excesiva concentración de poder en una persona o grupo, que termina empobreciéndolos ideológicamente y nublando su futuro al vincular su trayectoria a la peculiaridad del líder.
Y yendo a la raíz, al fondo, habrá que potenciar la cultura democrática y los valores que hagan de los ciudadanos y, en especial, de los políticos personas sensibles a la misión de servicio; de modo que la sociedad pueda defenderse y repudiar la utilización de los partidos exclusivamente como vía para conseguir, a modo de carrera, el poder.
B- En las relaciones entre sociedad y el partido actualmente en el Gobierno, se advierten las siguientes tendencias:
1) Por un lado, se ha ido alejando y desconectando de la sociedad, encerrándose en sí mismo, impermeabilizándose, con la finalidad de aprovechar o utilizar reducidamente las altas cotas de poder que consiguió y convirtiéndose en máquina o instrumento para perpetuarse en el poder.
2) Y, por otro, ha tratado de infiltrarse en las instituciones del Estado, utilizando todos los resortes derivados del poder, y que cada vez son más, al haber extendido su ámbito y concentrando monopolísticamente en sus manos las más importantes actividades. Y se han manejado fondos públicos con ostensible y marcado tinte partidista, lo que se advierte, sencillamente, observando la línea seguida por las televisiones.
Es necesario tomar medidas que generen:
a) Una mayor receptividad de los políticos hacia la sociedad y sus necesidades reales, y la intercomunicación y fluidez de relaciones, con el fin de enriquecer la actuación política. Este acercamiento debe empezar por los propios diputados, que deberían estar más próximos a los ciudadanos, viviendo su circunscripción, escuchando sus demandas, auscultando los problemas reales y también las instituciones directamente afectadas por cualquier medida legislativa, con la mirada puesta en el interés general, por encima de particularismos ó del deseo de conservar el cargo a toda costa.
b) El rechazo a la tentación de absorber o mediatizar las instituciones para utilizarlas al servicio de la permanencia en el poder, o de intereses exclusivamente personales. Lo que exige respetar y alentar el fortalecimiento de las instituciones sociales políticamente neutras, que serán piezas inestimables para conseguir el equilibrio democrático, y también el último asidero que le quede al ciudadano cuando, como ha sucedido ya, no se hayan podido encauzar los desvíos por los medios políticos, quedando inerme la sociedad frente a los abusos del Estado.
c) La regulación de sistemas de financiación transparentes que eviten la desviación de los mecanismos del Estado con la finalidad de obtener ingresos económicos. Lo que exige también la austeridad en los gastos electorales que, por lo demás, y con la televisión, resultan muchos superfluos e improcedentes.
La separación de poderes no es sólo un elemento conceptual del Estado Democrático de Derecho, sino exigencia viva, necesaria para su buen funcionamiento. Por lo tanto, el respeto del Ejecutivo hacia los demás poderes, en especial al judicial, resulta imprescindible. En España se han producido una serie de ataques, intromisiones e interferencias en órganos de control, que dejan en entredicho la calificación de Estado de Derecho. Y no sólo por el partido que gobierna que, amparado en mayorías absolutas repetidas, ha perdido la noción del límite y también el norte o rumbo político, sino también por los demás partidos, que han consentido e incluso participado en el reparto de cotas de poder.
Los partidos políticos en la oposición no deberían entrar en aquellas instituciones deterioradas democráticamente, pues su misión es de control en esa fase o situación. Mantener la pureza en tal sentido no sólo es un capital para el futuro del propio partido, sino que generará en el pueblo la confianza necesaria para corregir cualquier desviación, mediante el cambio del sentido del voto. Lo que ha sucedido con el Consejo General del Poder Judicial, el fiscal general del Estado, el Tribunal de Cuentas, e incluso con el Tribunal Constitucional, es preciso que se rectifique urgentemente.
Se impone restaurar el principio de separación de poderes y, concretamente, la independencia judicial, mediante una regulación que impida la mediatización política en el nombramiento y promoción de los jueces. Y fortalecer su función, dotándoles de .medios que permitan realizar su cometido con eficacia.
En los últimos tiempos se está produciendo una hipertrofia del Estado, no ya por causa de un Gobierno socialista en cuyo programa ideológico está la extensión del sector público al máximo posible; sino porque, ahora ya de manera corrupta y desviada, se ha infiltrado o tratado de infiltrarse en todas las instrucciones sociales y económicas (universidad, medios de comunicación, cajas de ahorro, banca, colegios profesionales, ateneos ... ), con el pretexto de desarticular pretendidos privilegios corporativos, y sin calibrar que la independencia y fortaleza de tales instituciones constituye garantía de equilibrio democrático. Mención especial merece el asalto y dominación de los medios de comunicación, en concreto de la televisión, pues su control y dominio quizá se la causa de que no se hayan podido corregir a través de las urnas, las desviaciones que ha sufrido la democracia en España.
Habrá que estar atentos, ahora, a la posible extensión de los brazos del Ejecutivo hacia la Banca con las ramificaciones y controles que ello supone. Se impone aquí también una corrección de esta tendencia claramente perturbadora del equilibrio democrático, a través de una regulación eficaz de incompatibilidades, y de las sanciones y medios para aplicarlas con rigor y seriedad.
Publicado en ABC 25 abril de 1994




® EN BUSCA DE LA DEMOCRACIA (Y III)

LA DESVALORIZACION DEL DERECHO Y LA EFICACIA

En los últimos tiempos, se advierte una tendencia a eliminar controles jurídicos utilizando como pretexto la eficacia, frente a la cual la legalidad supondría un obstáculo o inconveniente. Y se pretende crear la opinión o creencia de que el Derecho es una rémora para la Administración, que no puede desarrollar su actividad rápida y ágilmente para, a partir de ahí, tener las manos libres, que faciliten al partido gobernante una mayor proyección sobre la sociedad y, consecuentemente, más poder.
Pero aquí está otra de las raíces de la corrupción. Precisamente, en un Estado de Derecho, la legalidad y su cumplimiento fiel es la garantía contra el desvío y los abusos de poder. Y las formas jurídicas, por muy engorrosas que parezcan, son sustancia y esencia misma de la paz social.
La desvalorización del derecho, al pretender identificar legalidad con burocratismo, formalismo y antimodernismo, y considerarlo como elemento perturbador, es un grave ataque a la línea de flotación de la democracia, pues permitirá en un segundo estadio, la impunidad de los desvíos de poder y, finalmente, las negativas consecuencias del dogmatismo ideológico, ya analizadas, que se podrían imponer entonces sin la rémora del Derecho.
Partiendo de aquella idea como justificación, se han ido eliminando controles jurídicos en una serie de campos, como en la contratación administrativa, a través de las adjudicaciones directas; en la selección de los funcionarios, al omitir la Ley de la Función Pública la objetividad de los métodos, abriendo así con la discrecionalidad, en ambos casos, el portillo al amiguismo y clientelismo, y, por tanto, a la arbitrariedad y a la corrupción. O sustituyendo las normas administrativas en la regulación de organismos públicos por las más flexibles del tráfico mercantil, pensadas para supuestos de actuación en libre competencia. Y permitiendo, además, un desvío de fines del Estado, al facilitar su entrada en actividades especulativas que no le son propias (caso RENFE, por ejemplo).
Esta liberación de frenos a la Administración coincide, paradójicamente, con la rigidez e intervención en sectores en los que la iniciativa privada constituye el motor y eje de su dinamismo; lo cual supone, por un lado, la facilidad para aumentar su zona de influencia interfiriendo campos de los que debiera estar alejada, y, por otro, el control partidario y coaccionante de la actividad privada.
Cuando se utiliza el engaño para acceder o mantenerse en el poder, sin perjuicio de que sea en sí mismo un fraude, y normalmente implique ya un ataque a la libertad, al empañar las opciones, y a otros valores, se está originando el caldo de cultivo para el abuso, a través del desvío constitucional y legal. Y, consecuentemente, el deterioro de la convivencia y el impedimento al avance social que necesita la confianza como base para cualquier proyecto Colectivo ilusionado.
a) Se ha engañado al pueblo en las campañas electorales ofreciendo o prometiendo no sólo lo que se sabía que no era posible, sino también lo que no se quería cumplir (así, el caso más cercano es el de las últimas elecciones generales, en relación con el impulso democrático, y las pensiones). Y se han abandonado cínicamente pautas o líneas básicas de gobierno, presentadas como tales en el programa electoral; lo que, junto con los episodios que hemos vivido de transfuguismo, suponen otros tantos puntos negros más de muestra democracia. Pero además se ha mentido al Parlamento por los miembros del mismo, negando la verdad sobre cuestiones concretas de corrupción e impidiendo u obstaculizando la investigación no sólo parlamentaria sino incluso judicial sobre los casos planteados.
b) Se ha burlado la Constitución, a veces legislando impunemente en contra de la misma (caso Rumasa, o Ley de Modificación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de 1989), otras veces desviándose de su espíritu (Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de la Función Pública) o retrasando la regulación y, por tanto, impidiendo el buen funcionamiento de ciertas instituciones (televisión privada o derecho a la huelga).
c) Se ha mentido o engañado en las propias leyes, manifestando en su preámbulo o exposición de motivos unos determinados fines, para luego hacer caso omiso de los mismos en la regulación articulada y concreta (el caso más cercano es el de las últimas medidas de incentivación de la economía). Es la hipocresía Legislativa oe1 caso de las leyes de cara a la galería.
Ante esta conducta reincidente de engaño, que no ha podido ser corregida políticamente, la sociedad se encuentra desilusionada y no tiene la confianza y la fuerza precisas para iniciar cualquier proyecto. Es urgente que el pueblo recupere la confianza perdida. Para ello, habrá que corregir aquellas prácticas desviadas, y, concretamente:
1) Hay que evitar que se creen falsas expectativas ofreciendo lo que se sabe que no se puede realizar. Que no impide que los objetivos propuestos dejen de cumplirse por causas justas y debidamente explicadas, si ha habido alteración de las circunstancias y no era previsible dicha alteración.
Y sobre todo decir la verdad en el Parlamento. Es intolerable que se mienta en el templo de la democracia. Se impone, pues, no ya establecer las sanciones legales pertinentes, sino el comienzo de actitudes que vayan creando hábitos parlamentarios que repudien y aíslen como infectadas las conductas en aquel sentido.
Para ello es necesario dignificar las Cortes, y depurar el sistema de selección de sus miembros, con el objeto de que éstos tengan la independencia de criterio, dedicación y capacidad suficientes para que, ante un ataque a la Constitución o a la verdad, se produzca la reacción y repulsa inmediatas, al margen de ideologías, del conjunto institucional; y, por tanto, el repudio de cualquier propuesta o proyecto que se desvíe de los principios democráticos expresados en la Constitución.
2) Fomentar la sensibilidad democrática de los ciudadanos, estimulando la cultura en tal sentido, para lo cual es básico el papel de la televisión y de los demás medios de información, y, lógicamente, la actitud ejemplar de sus representantes políticos, cuya responsabilidad en este punto es gravísima, pues afecta al mismo esquema de la democracia, y que exige, desde luego, que se erradique el llamado transfuguismo. Con el fin de crear una conciencia pública, hay que insistir desde todos los ámbitos, aunque sea reiterativamente, en la denuncia de todas las desviaciones producidas, para que se inicie ya, urgentemente, el encauzamiento del Estado por el camino que la Constitución le había trazado.
Como resumen se podrían enumerar las siguientes vías para la defensa de la pureza democrática:
1) Revitalizar el Parlamento y potenciar su independencia, a través del sistema de listas abiertas, comisiones eficaces de investigación, y medidas que permitan la reacción fulminante ante cualquier desvío constitucional.
2) Liberar al poder judicial y demás órganos de control, especialmente la televisión y medios de comunicación, de la influencia del Ejecutivo, y a todos ellos y también a la sociedad misma de presiones ideológicas.
3) Restaurar la confianza y el valor del Derecho, pues en su cumplimiento radica la esencia del equilibrio democrático y de la convivencia pacífica. En especial, el control jurídico riguroso de la Administración (contratación, función pública) y la fidelidad a la Constitución y a las leyes.

Publicado en ABC 2 de mayo de 1994