“Apaga la tele” por Rafael Salgueiro

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Días atrás, precediendo a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, se han publicado las principales cifras del presupuesto de RTVE para el ejercicio 2004. La prensa las ha recogido ampliamente, reflejando el montante total, el déficit previsto y el aumento del endeudamiento. Los partidos de la oposición han criticado algunos extremos del planteamiento general, destacando que no se cumple realmente la función pública del Ente, que no se da solución al gravísi,o problema financiero o que no se respeta el modelo de financiación establecido en el Estatuto de 1980 (ventas y subvención pública).

Pero lo más importante desde el doble punto de vista de la elección entre opciones de gasto público y de la libertad de competencia, una vez más, ha estado ausente del debate. No se cuestiona la mayor: ¿es realmente necesaria una televisión pública?, y ni siquiera el alcance de ésta, auqnue sea en estrictos términos de cuanto es razonable gastar en ellas frente a otras necesidades de la sociedad,o a la siempre conveniente opción de no gastar, simplemente.

Algunas cifras, imprescindibles aunque de incómoda lectura, permiten situar el asunto en la vertiente de la elección pública. Los gastos serán de 1.558 millones de euros, algo más que los de 2003, frente a unos ingresos de unos 934 millones de euros, logrados con unas ventas de 740 millones (programas, derechos y publicidad) y una subvención pública de 78 millones. Las pérdidas serán de 623 millones de euros y se cubrirán con nuevo endeudamiento por importe de 668 millones. La deuda global de RTVE ascenderá a 6.600 millones (un billón cien mil millones de pesetas, cuadruplicando la que tenía hace siete años cuando el Partido Popular se comprometió a su saneamiento).

No cabe duda de que éste es un planteamiento financiero anómalo. Los financiadores, evidentemente, confían completamente en el respaldo del accionista ya que la empresa es absolutamente incapaz de hacer frente al servicio de su deuda. Pero lo chocante es que los propietarios reales somos todos los contribuyentes, sin capacidad alguna de hacer efectivas nuestras preferencias de gasto público y, lo que es peor, sin que ninguno de nuestros representantes tenga el más mínimo interés en avanzar hacia un verdadero servicio público de televisión.

Es cierto que RTVE tiene la mayor cuota de audiencia (un 29% en septiembre), que su programación es la de menor contenido espurio, con gran diferencia además aunque debería ser cero, y que es una gran cantera de profesionales. Pero ello no obsta para que el coste que estamos asumiendo sea desmesurado frente a cualquier comparación posible. Quizá la más clara sea que sólo el déficit de explotación es casi similar al gasto de la Administración Central en las políticas que facilitan el acceso a la vivienda. La deuda que terminaremos pagando de una forma u otra es superior a la dotación de 2004 para construcción y conservación de carreteras, infraestructura ferroviaria y medio ambiente juntos, por poner un ejemplo. Y, por otra parte, la extraordinaria audiencia de los programas conocidos como “telebasura” no hace más que poner de manifiesto que las televisiones públicas han fracasado en su vocación educadora del gusto y de la sensibilidad del público.

No obstante, el El “Informe anual de cumplimiento de la función de servicio público 2002” es tranquilizador al ofrecernos interesantes comparaciones con las televisiones públicas europeas, destacando el menor coste, relativo y absoluto, de la española; el menor coste por hogar, la menor carga para el presupuesto público y otros extremos que dibujan un espléndido panorama, ...si nos olvidamos de la deuda.

Hace ya algunos años, Don José Barea propuso el estudio de tres alternativas que sería bueno reconsiderar. Eran éstas la privatización de TVE, concertando mediante concurso los programas considerados de servicio público. La segunda era la privatización de una de las dos cadenas de TVE, quedando la otra encargada de la emisión de los programas considerados de servicio público, admitiendo otros servicios financiados a través de la publicidad o vendiendo franjas horarias de emisión. La última era el mantenimiento de las dos cadenas, una con los cometidos mencionados y otra totalmente comercial, financiada a través del mercado.

Todo lo dicho es aplicable también a la RTVA. En este caso sugiero al lector que compare el presupuesto de nuestra televisión con el gasto destinado al personal docente universitario, la dotación pública a I+D o, incluso, con las políticas autonómicas de acceso a la vivienda. Creo que por aquí van las verdaderas preocupaciones del contribuyente.